¿Será capaz la Unión Europea de afrontar las protestas que crecen en Europa?
Edición EuroOpen 03
Artículo escrito por María de Valenzuela

Desde septiembre las protestas en Europa no han hecho nada más que aumentar. Jóvenes de todo el continente europeo se han manifestado por diversas causas. Entre ellas: educación, vivienda, alto coste de vida, corrupción, etc. Estos problemas no parecen guardar relación entre sí, pero son la consecuencia directa de la crisis económica, tecnológica y política que atraviesa el continente en la situación geopolítica actual.
Pero … aun sabiendo que las manifestaciones son el síntoma de la inestabilidad de cada país, ¿tiene sentido pensar que la Unión Europea puede verse afectada, aunque no sea responsable de esas crisis internas? Sí, lo tiene, y sobre todo en el mundo hiperglobalizado actual.
Para entender el impacto de las manifestaciones debemos conocer sus causas, sobre todo porque se comparten preocupaciones similares entre diferentes países.
La más conocida es la manifestación francesa que demanda mejoras en la educación pública con más profesores suplentes y mejores instalaciones. Es una preocupación también presente tanto en Bélgica, debido a recortes en el presupuesto educativo y a la subida de las tasas universitarias, como en Italia, donde se protesta contra las reformas educativas aprobadas recientemente por el gobierno.

Otra de las preocupaciones más comunes, y especialmente presente, es la vivienda y el alto coste de vida. Lo hemos visto en España con la acampada en Sol tras el rechazo de los dos decretos de vivienda, en Portugal con las protestas al nuevo proyecto de ley que facilita los desahucios, en Francia con la subida de impuestos (razón por la cual los chalecos amarillos se han unido a la manifestación iniciada por los estudiantes), e incluso en Alemania, donde se demandan mejoras en las pensiones y en sanidad.
Estas preocupaciones de los ciudadanos son responsabilidad de cada país, y no son competencia de la Unión Europea. Sin embargo, las protestas tienen un gran impacto en la Unión.
En primer lugar, surge la tensión entre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo y la inversión en los servicios públicos de cada país.
Este pacto es un conjunto de reglas fiscales que los países de la eurozona han aceptado para mantener la estabilidad económica y el valor del euro en toda la unión. Se basa en dos medidas principales: que el déficit público no supere el 3% del PIB, es decir, que no se gaste más dinero del que se produce y que la deuda pública (el dinero que los estados piden ,y deben devolver, para solventar las necesidades del país) no supere el 60%. Cuando un país incumple estos límites continuamente, la Comisión Europea abre el Procedimiento de Déficit Excesivo para que se tomen medidas para solucionarlo.
El problema que encontramos actualmente es que la protestas que han surgido en ciertos países son la respuesta a una crisis económica profunda y al incumplimiento de este pacto. El caso más sonado es el de Francia, cuyo déficit es del 5,1% y la deuda pública del 115%. Esto ha llevado al gobierno a reducir la inversión en los servicios públicos, sobre todo en educación, para intentar reducir estos valores. Este recorte y la subida de impuestos han llevado a la aparición de protestas en todo el país. Y esto es un problema presente en Bélgica y en Italia también, lo que nos hace preguntarnos: ¿deben los Estados priorizar la estabilidad social e invertir en sus servicios públicos o cumplir con los compromisos fiscales de Bruselas?
La Unión Europea se ve afectada por este problema porque varios Estados miembros incumplen el pacto económico, y las medidas tomadas para solucionarlo han sido insuficientes y han derivado en crisis sociales que pueden deslegitimar la unión y, a su vez, reducir su influencia económica en el ámbito global.
El segundo problema es que esta crisis pone en duda los valores y el proyecto que defienden la Unión Europea, ya que aumenta la desconfianza hacia las instituciones. Y el último es la asignación de recursos. La Unión Europea tiene prioridades en defensa, transición verde y autonomía industrial y militar, y el debate se encuentra en cómo compatibilizar la financiación necesaria para lograr esos objetivos con el estado de bienestar y la economía de cada estado.
A estos problemas y crisis se han propuesto algunas soluciones. El tema de la vivienda ha sido ampliamente debatido en el Parlamento Europeo en estos últimos años, lo que ha permitido la creación de un Plan Europeo de Vivienda Asequible (2025), una Alianza Europea de la vivienda y la celebración de una cumbre sobre la vivienda en 2026. Además, se han tomado medidas económicas para evitar que las reglas de déficit ahoguen a los estados y generen más rechazo social. Estas medidas incluyen planes fiscales personalizados, incentivos para la inversión, etc. La UE también está redirigiendo parte de sus fondos regionales para amortiguar las crisis locales de vivienda y empleo y utiliza instrumentos de deuda conjunta para evitar que cada Estado deba elegir entre gastar en defensa o sostenibilidad y los servicios públicos. Sin olvidar los fondos de amortiguación social que apoyan a las regiones más castigadas económicamente por la inflación o la reconversión industrial.
Sin embargo, ¿serán suficientes estas medidas para paliar los síntomas de la crisis geopolítica actual? La UE atraviesa una crisis económica, tecnológica, y política frente a otras potencias mundiales. Y en este contexto debe fortalecer su autonomía e independencia energética, tecnológica y cibernética. ¿Serán estas protestas las que obliguen a la UE a mejorar sus políticas y a convertirse en potencia global completa, o perpetuarán más crisis en los Estados miembros? Se tiene la esperanza de que ocurra lo primero.




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