ESPECIAL ELECCIONES 03: Entre la protesta y el boicot. Cuando el derecho a manifestarse cruza la línea de la coacción

Artículo escrito por Mireia Peiró

Dentro de un mes, los españoles estaremos llamados a las urnas para decidir el futuro de nuestro país, por lo que, de momento, los principales partidos están de precampaña por España para llegar al máximo de población posible a través de mítines y actos públicos. Estos encuentros no a todo el mundo le parecen adecuados y esto se puede ver reflejado en el acto de Vox de la semana pasada en La Coruña, donde Santiago Abascal dio una declaración a los medios que se vio opacada por los disturbios de jóvenes que, en vez de manifestarse, provocaron altercados en la vía pública. 

Situaciones como esta nos llevan a plantearnos diferentes ponderaciones de derechos que se encuentran en tensión, ya que existe una colisión directa entre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión o manifestación frente a la garantía del orden público y la seguridad en eventos políticos.

Cabe recordar que la libertad de expresión y manifestación encuentra su límite en el respeto a los derechos de los terceros y en el mantenimiento de la paz pública. Se precisa delimitar claramente la protesta pacífica, la manifestación y la libre expresión de ideas frente a los altercados, coacciones o actos violentos que impidan o que coarten la celebración legítima de un mitin político. 

Los disturbios de la semana pasada en La Coruña nos hacen plantearnos qué nivel de tolerancia tienen los diferentes extremos, ya que en este caso la declaración a los medios por parte de Abascal no es solo un evento partidista, sino un espacio protegido para la formación de la opinión pública libre, un pilar básico en un periodo electoral. Obstaculizar mediante la fuerza o el intento de boicot un acto político legal no es una forma de libertad de expresión, sino un atentado contra los derechos de los asistentes a escuchar y de los candidatos a expresarse.

Estos intentos de boicot, en vez de conseguir el objetivo principal de los manifestantes, que es intimidar a la fuerza política y a sus votantes, hace el efecto contrario, les dota de fuerza para movilizar sus respectivos electorados y moviliza al votante indeciso por empatía o indignación  No deja de ser una estrategia de confrontación para reorientar la agenda mediática y, aprovechar la situación en la que los colectivos radicales les increpan para defender la ley y el orden. 

Derivado de esos disturbios, se vieron imágenes desagradables por parte de la policía. La actuación policial se sitúa en una delgada línea roja donde cualquier intervención va a ser motivo de crítica partidista. Muchas veces los cuerpos policiales no son capaces de garantizar el orden público sin que su actuación parezca restrictiva de derechos. Si actúan con demasiada contundencia preventiva, se les acusa de restringir el derecho fundamental de manifestación y de coartar la protesta social, como en el caso de La Coruña; en cambio, si actúan tarde o de forma insuficiente, se pone en riesgo la integridad física de los asistentes y el normal desarrollo del acto, permitiendo que la violencia acampe a sus anchas. La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado esta pasada semana en estos altercados puede llegar a reflejar cierto uso de fuerza desmesurada dentro de sus actuaciones, como se ha visto en otros casos de protestas universitarias en las que, a diferencia de este caso, los jóvenes sólo se manifestaban. En este caso se podría defender su actuación viendo las imágenes de ese día. 

Sin desviarnos mucho de este caso, esto puede verse relacionado con los graves disturbios ocurridos en Bilbao tras las protestas por un acto de Vito Quiles, que por recomendación de la Ertzaintza, acabó siendo cancelado. Hay una veintena de detenidos y la Ertzaintza tuvo que cargar contra los manifestantes porque tras cancelarse el evento, grupos de radicales desencadenaron una ola de altercados callejeros (con un alto porcentaje de menores implicados). En este tipo de escenarios volvemos a plantearnos el mismo debate que con el caso de Abascal en La Coruña. 

Se debe garantizar el derecho de manifestación, pero también tenemos que proteger a aquellos que quieren expresar ideas que han de ser respetadas, por muy antipáticas o ajenas que resulten al sentir mayoritario de un territorio como el País Vasco, están amparadas por la ley. 

En definitiva, episodios como el de La Coruña o los graves altercados vividos en Bilbao ponen de manifiesto una peligrosa deriva en el espacio público.

La libertad de expresión y el derecho de manifestación son los pilares sobre los que se sustenta nuestra convivencia, pero su ejercicio legítimo se corrompe en el momento en el que se muta hacia la coacción física, el boicot violento o el vandalismo. Cuando la tensión ideológica se traduce en la imposibilidad material de celebrar un acto legal por miedo a los disturbios, la democracia no está ganando espacio en la protesta, sino cediendo terreno a la intimidación.

Como varias instituciones ya han reiterado, la respuesta ante cualquier provocación, si se puede interpretar así, nunca puede ser la violencia. Si se permite que el orden público quede supeditado al capricho de los radicales, la convivencia democrática se debilita. El contraste de ideas en una democracia consolidada  debe darse en las urnas, en los medios o en las calles mediante una réplica pacífica, pero nunca mediante la manifestación violenta o convirtiendo las calles en el escenario de una batalla donde el derecho de unos pocos termina vulnerando el derecho de otros.