"Endurecer el Código Penal: ¿sirve de algo?"

Artículo de Derecho por Juanjo Arques

Existe una creencia ampliamente extendida en el debate público, la idea de que la delincuencia disminuye automáticamente cuando se endurece el Código Penal. Según esta lógica, el aumento de las penas privativas de libertad, la ampliación de tipos penales o la reducción de beneficios penitenciarios bastarían por sí solos para disuadir cualquier conducta delictiva. Esta narrativa, sencilla y emocionalmente satisfactoria, ha calado con fuerza en las últimas décadas, especialmente en contextos de alarma social o tras casos mediáticos de elevada repercusión.

Sin embargo, esta visión no solo es parcial, sino que también choca directamente con la evidencia criminológica comparada y con la propia experiencia de países que han construido sistemas penales crecientemente duros sin obtener resultados proporcionales en materia de seguridad. Plantear el aumento de la severidad como la solución única o principal es un enfoque reactivo, limitado y, en muchos casos, contraproducente.

La teoría clásica de la disuasión plantea que la amenaza de una pena severa debería generar miedo suficiente como para impedir el delito. Sin embargo, en la práctica la mayoría de las conductas delictivas no se cometen tras un cálculo racional sobre la duración de la pena o su severidad. La criminología señala varios factores determinantes que neutralizan la supuesta eficacia de las penas duras: muchos delitos se cometen en contextos impulsivos o emocionales; otros se explican por condiciones estructurales (pobreza, exclusión, marginalidad); una parte relevante de los delincuentes no espera ser detectada o detenida; otros actúan bajo adicciones, trastornos o presiones situacionales. En estos escenarios, al potencial autor le resulta irrelevante que una pena sea de 5, 10 o 15 años.

España es uno de los países con un Código Penal más amplio y más severo de Europa. A pesar de ello, su tasa de reincidencia no es significativamente menor que la de países con

sistemas mucho más laxos, la percepción de inseguridad sigue presente y determinados delitos no disminuyen en proporción a los endurecimientos legislativos. El enriquecimiento constante del catálogo penal desde los años 90 no ha generado la reducción de delincuencia que inicialmente prometía.

Si hacemos comparaciones fuera de nuestro entorno, Estados Unidos constituye un ejemplo extremo de endurecimiento punitivo: penas elevadas, condenas acumulativas, cadena perpetua sin revisión, e incluso penas de muerte en varios estados. Y pese a ello, es uno de los países con mayor población reclusa del mundo, presenta niveles muy altos de criminalidad violenta comparados con sus pares occidentales y la reincidencia supera ampliamente la de sistemas menos severos. Los datos revelan que el castigo por sí solo no corrige las causas profundas del delito.

Si la disuasión derivada de penas duras es limitada, la verdadera prevención debe desplazarse al terreno de la educación. Esto no implica únicamente instrucción académica, sino la construcción de valores cívicos universales desde edades tempranas. Los países más seguros —independientemente del nivel de severidad penal— comparten un elemento estructural: sistemas educativos que priorizan la interiorización de valores como: respeto a la dignidad ajena, responsabilidad individual y colectiva, autocontrol y gestión emocional, cooperación y resolución pacífica de conflictos, confianza en las instituciones y sentido de comunidad.

Sin embargo, esta reforma no es fácil. El artículo 27.3 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este apartado, recogido dentro de los derechos fundamentales, es rezado por diversas asociaciones de padres y madres, temerosos de que una educación en valores en las

escuelas públicas derive en el adoctrinamiento de sus hijos por parte del Estado, aunque estos valores sean valores cívicos universales. La lucha civil por la libertad educativa (algo que intrínsecamente no es malo) ha llevado a los diferentes gobiernos a manosear la educación, y a aumentar, disminuir o directamente eliminar del itinerario competencias sociales como las mencionadas anteriormente.

Estas competencias sociales reducen la probabilidad de conductas antisociales mucho más eficazmente que cualquier amenaza penal. Mientras que el castigo actúa una vez cometido el delito, la educación moldea la personalidad antes del conflicto, fortalece habilidades de autocontrol, desarrolla empatía que inhibe comportamientos dañinos, genera vínculos sociales que dificultan la conducta delictiva y construye ciudadanía en lugar de reacción penal.

La prevención educativa es estructural, continúa y afecta a toda la población, no solo a quienes entran en contacto con el sistema penal. Países con índices de criminalidad muy bajos —como los nórdicos o algunos estados europeos con códigos penales breves y orientados a la reinserción— priorizan programas de educación emocional obligatoria, mediación escolar, participación comunitaria y sistemas penitenciarios centrados en la reintegración, no en el castigo. La correlación entre su seguridad y su inversión educativa es clara.

Una población educada en valores cívicos desde primaria mostrará menor propensión a la violencia interpersonal, al vandalismo, al consumo problemático de sustancias y a los delitos asociados a impulsividad. Con menos entrada de personas en prisión y programas orientados a la reinserción, se lograría reducir la reincidencia, disminuir costes públicos, evitar que la prisión actúe como factor criminógeno y profesionalizar la intervención social y formativa dentro de los centros penitenciarios. Las sociedades que priorizan los valores compartidos generan mayor confianza institucional y menor conflicto social. Esto conduce a entornos urbanos más seguros, mejor convivencia y una menor necesidad de intervención penal constante.

El endurecimiento del Código Penal es una respuesta inmediata, emocional y políticamente rentable, pero insuficiente para reducir la criminalidad. La evidencia demuestra que la verdadera herramienta transformadora es la educación en valores cívicos universales, capaz de crear ciudadanos más responsables, comunidades más seguras y un sistema penal más racional y eficaz.