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EL COSTE HUMANO Y AMBIENTAL DEL PROGRESO TECNOLÓGICO

Foto del escritor: Andrea Martos
Andrea Martos
hace 4 minutos
9 min de lectura

Explotación, violencia y destrucción ambiental en la República Democrática del Congo


GreenOpen 01: artículo escrito por Andrea Martos

Mientras las grandes economías presentan la innovación tecnológica y la transición energética como los pilares de un futuro sostenible, miles de personas soportan las consecuencias de un modelo de producción basado en la extracción intensiva de recursos naturales. La República Democrática del Congo representa una de sus contradicciones más profundas: la riqueza mineral que alimenta nuestro desarrollo convive con la violencia, la explotación y la degradación de los territorios que la proporcionan.



La historia que no aparece en la pantalla

Cada día millones de personas desbloquean sus teléfonos móviles, consultan sus ordenadores y utilizan dispositivos electrónicos que forman parte inseparable de su vida cotidiana. La tecnología se ha convertido en uno de los principales símbolos del progreso contemporáneo: conecta sociedades, facilita el acceso a la información y promete soluciones para afrontar algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo, entre ellos la crisis climática.


Sin embargo, existe una realidad que rara vez aparece en las campañas publicitarias de las grandes compañías tecnológicas o en los discursos sobre innovación y sostenibilidad: el coste humano y ambiental de fabricar aquello que consumimos.


La producción de un teléfono móvil requiere una compleja cadena internacional de extracción, procesamiento y transformación de materias primas. Minerales como el cobalto, el cobre, el litio, el estaño y el tantalio resultan fundamentales para numerosos componentes electrónicos y tecnologías energéticas. Su obtención implica una intensa actividad extractiva que, en determinados territorios, está asociada a explotación laboral, vulneraciones de derechos humanos y graves alteraciones medioambientales.


Uno de los ejemplos más representativos se encuentra en la República Democrática del Congo (RDC), un país cuya extraordinaria riqueza mineral contrasta con décadas de inestabilidad política, desigualdad y violencia.


La contradicción resulta difícil de ignorar. Mientras las economías más desarrolladas presentan la digitalización y la transición energética como pilares de un futuro sostenible, las comunidades que proporcionan parte de las materias primas necesarias para ese desarrollo continúan enfrentándose a graves vulneraciones de sus derechos.


No estamos, por tanto, ante crisis independientes. La explotación de recursos naturales, la desigualdad económica, la vulneración de derechos humanos y la emergencia climática forman parte de una misma estructura global en la que los beneficios del progreso y sus consecuencias no se distribuyen de manera equitativa.


La pregunta ya no debería ser únicamente cuánta tecnología somos capaces de producir, sino qué estamos dispuestos a sacrificar para conseguirlo.

 

El Congo: cuando la riqueza mineral se convierte en una condena

La República Democrática del Congo alberga algunas de las mayores reservas mundiales de minerales estratégicos. Su producción de cobalto, cobre y otros recursos esenciales para la industria tecnológica y energética la sitúa en una posición fundamental dentro de la economía internacional.


Sin embargo, esa riqueza no se ha traducido en unas condiciones de vida dignas para una parte importante de su población. Por el contrario, el control de los recursos naturales ha estado históricamente relacionado con disputas económicas, intereses políticos, injerencias externas y dinámicas de violencia.


La situación resulta especialmente grave en el este del país, donde décadas de conflicto armado han dejado un rastro de asesinatos, desplazamientos masivos, violencia sexual y otras atrocidades contra la población civil. La presencia de numerosos grupos armados y las disputas por el control territorial y económico han convertido a millones de personas en víctimas de una crisis humanitaria prolongada.


La explotación de los recursos naturales constituye uno de los elementos que alimentan determinadas economías de guerra. El control de las rutas comerciales y de los territorios ricos en minerales puede proporcionar financiación y poder a distintos actores armados.

Pero la violencia relacionada con la extracción no se limita al conflicto armado del este. En el sur del país, especialmente en la provincia de Lualaba, la expansión de las explotaciones industriales de cobre y cobalto también ha provocado graves vulneraciones de derechos humanos.


En septiembre de 2023, Amnistía Internacional y la organización congoleña Initiativepour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains publicaron Powering Change orBusiness as Usual?, una investigación que documentó desalojos forzosos de comunidades para ampliar explotaciones mineras. El informe recogió testimonios sobre destrucción de viviendas y tierras agrícolas, intimidaciones, agresiones y violencia sexual.


Las consecuencias de estas actuaciones van mucho más allá de la pérdida de una propiedad. Para muchas familias, abandonar sus hogares supone perder sus medios de subsistencia, sus vínculos comunitarios y el acceso a recursos fundamentales.

Así, las comunidades que habitan territorios ricos en minerales pueden terminar soportando el coste de una actividad económica cuyos principales beneficios se encuentran lejos de sus fronteras.


La riqueza del subsuelo se convierte, paradójicamente, en una fuente de vulnerabilidad para quienes viven sobre él.


La factura ambiental de nuestra dependencia tecnológica

Las consecuencias de este modelo no terminan en las vulneraciones de derechos humanos. La extracción intensiva de recursos naturales también deja una profunda huella sobre los ecosistemas.


La apertura de explotaciones mineras a gran escala transforma extensas superficies de terreno, modifica los paisajes y puede provocar la pérdida de hábitats naturales. Los residuos generados durante los procesos de extracción y procesamiento, junto con una gestión inadecuada de los materiales contaminantes, representan riesgos para el suelo, el agua y la biodiversidad.


En comunidades que dependen directamente de la agricultura y de los recursos hídricos, estas alteraciones pueden comprometer la seguridad alimentaria y las condiciones básicas de subsistencia.


A ello se suma el impacto climático de la propia industria tecnológica. La extracción, el transporte, el procesamiento de minerales y la fabricación de componentes requieren importantes cantidades de energía y generan emisiones de gases de efecto invernadero durante las diferentes etapas de producción.


Pero existe otro elemento que agrava esta situación: el ritmo de consumo.

La renovación constante de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos alimenta una demanda continua de nuevas materias primas. Productos que todavía podrían funcionar durante años son sustituidos por modelos más recientes, mientras que las dificultades de reparación y la obsolescencia prematura contribuyen a acortar su vida útil.


El resultado es una producción creciente de residuos electrónicos que plantea un problema ambiental de dimensiones globales.


Según The Global E-waste Monitor 2024, elaborado por UNITAR y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, durante 2022 se generaron aproximadamente 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo. De esa cantidad, únicamente el 22,3 % fue documentado como recogido y reciclado formalmente.


El resto quedó fuera de los circuitos formales de gestión, aumentando los riesgos de contaminación y exposición a sustancias peligrosas.


La Organización Mundial de la Salud también ha advertido sobre los efectos que puede tener el tratamiento inadecuado de estos residuos, especialmente para las comunidades que viven cerca de vertederos informales y para los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas.


Nos encontramos ante un modelo que extrae recursos de territorios vulnerables, los transforma en productos de consumo masivo y genera cantidades crecientes de residuos cuya gestión sigue siendo insuficiente.


La crisis climática no puede entenderse únicamente como un problema relacionado con las emisiones de los combustibles fósiles. También exige cuestionar los modelos de producción y consumo que incrementan la presión sobre los recursos naturales y aceleran la degradación ambiental.

 

La gran contradicción: una transición verde construida sobre viejas desigualdades

La transición energética se ha convertido en uno de los principales objetivos políticos y económicos de nuestro tiempo. La sustitución progresiva de los combustibles fósiles, el desarrollo de energías renovables y la electrificación del transporte son fundamentales para afrontar la emergencia climática.


Sin embargo, existe una contradicción que no puede seguir ignorándose: buena parte de las tecnologías destinadas a construir un futuro más sostenible dependen de minerales cuya extracción puede reproducir las mismas estructuras de desigualdad, explotación y degradación ambiental que caracterizan al modelo económico actual.


La demanda de cobre y cobalto ha adquirido una importancia estratégica para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y diferentes componentes tecnológicos. Esta demanda sitúa a países como la República Democrática del Congo en el centro de una transformación económica global.


El problema no reside en la transición energética en sí misma, sino en la forma en que se está desarrollando y en quién asume sus costes.


¿Puede considerarse sostenible una transformación económica que desplaza comunidades, compromete sus medios de subsistencia y no garantiza el respeto de sus derechos fundamentales?


La justicia climática permite comprender esta contradicción. No todas las sociedades han contribuido de la misma manera a la crisis ambiental ni todas soportan sus consecuencias en condiciones de igualdad. Los territorios que proporcionan materias primas esenciales para sostener el consumo global no siempre son los que disfrutan de los beneficios económicos de su comercialización.


Mientras una parte del mundo accede a nuevas tecnologías, vehículos eléctricos y dispositivos cada vez más sofisticados, otras comunidades afrontan las consecuencias de la extracción de los recursos necesarios para producirlos.


Esta desigualdad reproduce una lógica histórica: territorios ricos en recursos naturales que permanecen subordinados a intereses económicos externos, mientras los beneficios de su explotación se concentran en otros lugares.


No basta con sustituir una fuente de energía por otra si mantenemos intactas las estructuras que permiten externalizar los costes sociales y ambientales del desarrollo.


Una transición verdaderamente justa debe situar a las personas y a los ecosistemas en el centro de las decisiones. El progreso tecnológico no puede construirse a costa de quienes tienen menos capacidad para defender sus territorios y sus derechos.

 

¿Y si dejáramos de fabricar para empezar a reutilizar?

Frente a un modelo basado en producir, consumir y desechar, existen alternativas que permiten reducir la presión sobre los recursos naturales y prolongar la vida útil de los dispositivos electrónicos.


La tecnología de segunda mano y reacondicionada constituye una de ellas.

Plataformas como Back Market han contribuido a popularizar la compra de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos reacondicionados. Estos productos han tenido una vida anterior, pero pasan por procesos de revisión, reparación y comprobación antes de volver al mercado.


La importancia de esta alternativa reside en que fabricar un dispositivo nuevo implica extraer y procesar materias primas, consumir energía, transportar componentes y desarrollar diferentes procesos industriales. Reutilizar un aparato que todavía puede funcionar permite evitar, al menos parcialmente, la necesidad de repetir ese proceso.

La prolongación de la vida útil de los dispositivos puede contribuir a reducir la demanda de nuevas materias primas, las emisiones asociadas a su fabricación y la generación de residuos electrónicos.


Además, el mercado de productos reacondicionados facilita el acceso a determinados dispositivos a precios más asequibles, demostrando que el consumo tecnológico no tiene por qué estar necesariamente vinculado a la adquisición constante de productos nuevos.

No obstante, la segunda mano no constituye por sí sola una solución definitiva. Su impacto positivo depende de que los dispositivos puedan utilizarse durante un periodo suficientemente prolongado, de que los procesos de reacondicionamiento sean responsables y de que los productos reciban una gestión adecuada cuando finalmente dejan de funcionar.


Por ello, también resulta imprescindible impulsar el derecho a reparar, garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto, combatir la obsolescencia prematura y exigir a los fabricantes diseños más duraderos.


En esta dirección, la Unión Europea ha aprobado la Directiva (UE) 2024/1799, destinada a promover la reparación de bienes y facilitar que reparar constituya una alternativa real frente a sustituir un producto.


La cuestión de fondo es replantear nuestra relación con la tecnología. ¿Necesitamos realmente cambiar de teléfono cada pocos años? ¿Por qué se ha normalizado sustituir productos que todavía pueden cumplir su función? ¿Por qué el sistema económico sigue premiando la producción constante frente al aprovechamiento de los recursos existentes?

Reparar, reutilizar y comprar reacondicionado no resolverá por sí solo las vulneraciones de derechos humanos en las minas congoleñas, pero sí permite cuestionar una de las bases del problema: la necesidad permanente de fabricar y consumir más.


El verdadero avance no debería medirse únicamente por nuestra capacidad de producir dispositivos cada vez más sofisticados, sino también por nuestra capacidad de aprovechar responsablemente los recursos que ya hemos extraído.

 

El progreso no puede construirse a cualquier precio

La realidad de la República Democrática del Congo demuestra que la crisis climática, la explotación de los recursos naturales y las vulneraciones de derechos humanos no pueden abordarse como problemas independientes.


Las grandes empresas tecnológicas y mineras tienen una responsabilidad que no puede limitarse a declaraciones de sostenibilidad o compromisos voluntarios. Es necesario garantizar la trazabilidad de las materias primas, identificar los riesgos de sus cadenas de suministro, prevenir los abusos y establecer mecanismos efectivos de reparación para las comunidades afectadas.


Los Estados también deben asumir sus obligaciones. La protección de los derechos humanos, la lucha contra la explotación laboral y la garantía de acceso a la justicia no pueden quedar subordinadas a los intereses económicos de las industrias extractivas.

Asimismo, resulta imprescindible reforzar la cooperación internacional, garantizar una gestión responsable de los recursos naturales y avanzar hacia un modelo de economía circular que reduzca la dependencia de nuevas extracciones.


Pero ninguna de estas medidas será suficiente si no cuestionamos las bases del sistema que las hace necesarias.


La tecnología no es neutral cuando su producción depende de relaciones económicas profundamente desiguales. Tampoco puede considerarse sostenible una industria que presenta sus avances como una contribución al bienestar colectivo mientras ignora las consecuencias que soportan las comunidades situadas al comienzo de su cadena de producción.


La República Democrática del Congo nos enfrenta a una contradicción que no podemos seguir ignorando: el desarrollo tecnológico de una parte del mundo puede estar relacionado con la precariedad, el desplazamiento y la destrucción ambiental de otra.

No se trata de rechazar la innovación ni de renunciar a la transición energética. Se trata de exigir que ambas se desarrollen bajo principios de justicia social, responsabilidad empresarial y respeto a los límites ecológicos del planeta.


Porque ningún dispositivo, por avanzado que sea, puede justificar la vulneración de los derechos humanos. Ninguna innovación puede considerarse progreso si perpetúa la desigualdad. Y ninguna transición puede calificarse de verde si para construirla es necesario sacrificar a quienes menos se benefician de ella.


El verdadero progreso no debería medirse por la tecnología que somos capaces de producir, sino por los derechos que somos capaces de proteger y el planeta que estamos dispuestos a preservar.

 

 

 

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