De la libertad de expresión al discurso de odio: análisis del mensaje de Santiago Abascal en La Revuelta

Artículo/Análisis escrito por Andrea Martos

La intervención de Santiago Abascal en La Revuelta reabre el debate sobre la normalización de los discursos estigmatizantes, la utilización política de la desinformación y la responsabilidad de los representantes públicos en la protección de los derechos humanos.

El discurso político bajo la lupa

El pasado 9 de noviembre, Santiago Abascal, presidente de Vox, acudió a La Revuelta, presentado por David Broncano en RTVE. Lo que habitualmente constituye un espacio de entretenimiento se convirtió en un escenario de confrontación política en el que se abordaron cuestiones centrales del debate público español: inmigración, violencia de género, vivienda, cambio climático, memoria histórica y situación institucional.

Entre sus declaraciones destacaron la defensa de la denominada «remigración», la asociación entre inmigración y delincuencia, la afirmación de que el machismo predominante en España es el «importado» y la utilización del término «invasión» para referirse a la llegada de personas migrantes a Ceuta.

Más allá de las discrepancias ideológicas, la entrevista plantea una cuestión democrática fundamental: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la construcción de un discurso de hostilidad hacia determinados colectivos?

Para responder es necesario contrastar los datos, contextualizar las declaraciones y examinar sus implicaciones sociales y jurídicas. No todas las afirmaciones cuestionables constituyen bulos, del mismo modo que no toda expresión discriminatoria constituye automáticamente un delito de odio. Sin embargo, esta distinción no resta importancia a sus posibles consecuencias.

Once bulos bajo análisis y discursos cuestionables

Las declaraciones de Abascal pueden clasificarse entre datos incorrectos, información presentada sin contexto y valoraciones políticas.

1. «En España han entrado casi seis millones de personas en cinco años».

Uno de los bulos más habituales en el debate sobre inmigración en España consiste en presentar el número de personas que llegan al país como si todas ellas permanecieran en territorio español. Sin embargo, las estadísticas migratorias distinguen entre inmigración exterior (entradas), emigración exterior (salidas) y saldo migratorio (diferencia entre ambas). Son indicadores distintos y utilizarlos indistintamente puede ofrecer una imagen distorsionada de la realidad demográfica.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten comprobarlo. En 2024 se registraron 1.288.562 inmigraciones procedentes del extranjero, pero también 662.294 emigraciones hacia otros países. Por tanto, aunque las entradas superaron el millón de movimientos, el incremento neto de población derivado de la migración exterior fue de 626.268 personas. Es decir, aproximadamente la mitad de las entradas registradas quedó compensada por las salidas.

Confundir entradas brutas con saldo migratorio distorsiona la dimensión del fenómeno.

2. «La mitad de los inmigrantes en edad de trabajar no trabaja y cobra ayudas».

Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, elaborados a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, permiten desmontar esta generalización.

Según el informe sobre población extranjera y mercado de trabajo correspondiente al primer trimestre de 2026, España contaba con 6.203.200 personas extranjeras de 16 o más años. De ellas, 4.248.800, un 69,6%, formaban parte de la población activa, es decir, trabajaban o buscaban activamente empleo. De este porcentaje, el 85,7% está ocupada y el 14,3% en paro.

Respecto a las ayudas, los inmigrantes representan el 17,52% de los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) y el 28,89% de las Rentas de Inserción autonómicas.  

3. «El 82 % de los perceptores de la renta mínima de Baleares son extranjeros».

El porcentaje se aproxima al dato oficial de beneficiarios de esta prestación en 2025. Sin embargo, según las cifras demográficas utilizadas para contextualizar el dato, Baleares contaba con aproximadamente 270.891 residentes de nacionalidad extranjera. Si comparamos los 1.541 titulares extranjeros de la RESOGA con esa población, obtenemos una proporción aproximada del 0,57 %.

4. «Las leyes de violencia de género no conseguido solucionar aquello que quieren combatir». «Son normas ineficaces que buscan enfrentar ambos sexos».

La Ley de Violencia de Género de 2004 desplegó un abanico de medidas en todos los ámbitos y creó el sistema VioGén, que a día de hoy proytege a más de 100.000 mujeres. Pero, además, desde su entrada en vigor, las estadísticas muestran una reducción de la media anual de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, del 17,6 %.

5. «Una simple denuncia de una mujer lleva aparejada la detención y la llevada[del hombre] al calabozo […] sin ningún tipo de miramiento y pasa allí tres días».

La detención es una medida prevista en España para cualquier tipo de delito y no se hace “sin ningún tipo de miramiento”, sino en función de los indicios que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado estimen. Por tanto, la denuncia no implica una detención automática y no se hace excepción en el caso de que la denunciante sea una mujer.

Por otro lado, las 72 horas constituyen el plazo máximo general de detención policial antes de la puesta a disposición judicial, no una consecuencia obligatoria de denunciar.

6. «El principal machismo en España es el machismo importado de aquellos que no respetan a la mujer y a la vez criminalizamos a nuestro propio pueblo, a los españoles».

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de una nacionalidad o cultura. El 66% de los hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas en lo que va de año son españoles.

Atribuir el fenómeno principalmente a la inmigración supone una generalización que no refleja su dimensión estructural.

Las afirmaciones bajo la lupa: instituciones, clima y derechos humanos

7. «Hay informes de impacto de género para todo, incluso para construir casas».

No existe una obligación general de elaborar un informe de impacto de género para cada vivienda individual. Sí se contempla la incorporación de esta perspectiva en determinados procedimientos normativos y de planificación pública, atendiendo a cuestiones como la seguridad, la movilidad o los cuidados.

8. «Pedro Sánchez ha asaltado todas las instituciones».

Abascal cuestionó los nombramientos y renovaciones de organismos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y RTVE. Es legítimo debatir sobre la independencia institucional, pero los procedimientos de designación están regulados legalmente. Calificarlos de asalto institucional requiere pruebas concretas de actuaciones ilegales.

10. «El clima ha cambiado siempre».

Es cierto que el clima terrestre ha experimentado variaciones naturales a lo largo de su historia. Sin embargo, esta afirmación omite la evidencia científica sobre el cambio climático actual, respaldada por la comunidad científica (por el 99% de los estudios científicos). El grupo intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo científico de Naciones Unidas, concluyó en su sexto informe de evaluación que las actividades humanas han causado inequívocamente el calentamiento global.

La temperatura global registrará un récord este 2026 y el calentamiento de los mares es histórico. La cuestión científica no es si el clima ha cambiado anteriormente, sino qué está provocando el calentamiento actual y a qué velocidad está sucediendo.

11. «El fanatismo climático hace que se contamine más».

Es legítimo cuestionar el coste o el diseño de determinadas políticas medioambientales. Sin embargo, afirmar que las políticas climáticas provocan necesariamente más contaminación exige pruebas y una relación causal concreta. Las medidas de reducción de emisiones persiguen precisamente limitar la contaminación y el calentamiento global.

En definitiva, el debate climático debe centrarse en la eficacia, la justicia social y la sostenibilidad de las soluciones, no en deslegitimar el problema mediante argumentos que confunden la variabilidad natural del clima con el calentamiento antropogénico.

Su posición sobre el genocidio en Gaza y sus manifestaciones de apoyo a Israel

Durante su intervención en La Revuelta, el 9 de noviembre de 2026, Santiago Abascal calificó de «terrorífica» la situación de la población civil en Gaza y reconoció la gravedad de las muertes de niños y civiles palestinos. Sin embargo, al ser preguntado por la responsabilidad de Israel, defendió que la responsabilidad principal debía atribuirse a Hamás, al que acusó de utilizar a su propia población como escudos humanos. También sostuvo que no debía criminalizarse a Israel por responder a los ataques de la organización terrorista.

Preguntado por sus contactos anteriores con representantes israelíes, explicó que sus conversaciones habían girado en torno a tres cuestiones: la solidaridad tras los atentados del 7 de octubre, la oposición al reconocimiento de la independencia de Cataluña por parte de Israel y el respaldo a la españolidad de Ceuta y Melilla. El interlocutor(Broncano) cuestionó con dureza que ninguna de esas conversaciones hubiera abordado el genocidio en Gaza.

Franquismo y memoria histórica: la reconciliación no exige equidistancia

Otro momento significativo de la entrevista se produjo cuando David Broncano preguntó a Abascal por la posición de Vox respecto al franquismo. Ante la cuestión de si el partido condenaba la dictadura, el dirigente respondió que «Vox no tiene una posición» y que «da igual cuál sea mi opinión sobre el franquismo».

Abascal manifestó también su respeto a los descendientes de quienes estuvieron en ambos bandos de la Guerra Civil y defendió que todos tienen derecho a sentirse orgullosos de sus antepasados.

Es necesario distinguir dos cuestiones. Una persona puede sentir afecto, respeto o incluso orgullo por sus familiares sin que ello implique justificar todas sus decisiones o actuaciones. La memoria familiar pertenece al ámbito personal. Sin embargo, la valoración de una dictadura y de sus vulneraciones de derechos humanos no puede reducirse a una cuestión de preferencias individuales.

El franquismo fue una dictadura que suprimió libertades políticas, persiguió a la oposición y vulneró derechos fundamentales durante décadas. Reconocer esta realidad histórica no supone exigir a los descendientes de ningún bando que renuncien a su historia familiar, sino distinguir entre la memoria personal y la responsabilidad histórica de un régimen.

Tampoco debe utilizarse la existencia de crímenes en distintos sectores durante la Guerra Civil para diluir la naturaleza de la dictadura posterior. La guerra y el régimen franquista son periodos relacionados, pero no idénticos. La violencia ejercida durante el conflicto no elimina la responsabilidad del sistema dictatorial que se instauró después.

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, reconoce los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas de la Guerra y la dictadura. Su finalidad no es imponer sentimientos sobre los antepasados, sino abordar las consecuencias de la represión y garantizar derechos que durante décadas fueron negados.

Por tanto, el problema de la respuesta de Abascal no reside en defender la reconciliación ni en reconocer que los descendientes de ambos bandos pueden tener sentimientos legítimos hacia sus familiares. Reside en utilizar ese argumento para evitar una respuesta clara sobre la naturaleza de una dictadura.

La reconciliación democrática no exige neutralidad ante las vulneraciones de derechos humanos.

La inmigración como amenaza: la construcción de un enemigo colectivo

Uno de los elementos más significativos de la entrevista fue la representación de la inmigración como una amenaza para la sociedad española. Abascal vinculó la llegada de personas extranjeras con el encarecimiento de la vivienda, la inseguridad y la presión sobre los servicios públicos. También defendió la denominada «remigración» y la prioridad de los españoles en el acceso a determinados recursos.

El debate sobre la política migratoria es legítimo. Las fronteras, la regularización, la capacidad de acogida y la integración forman parte de las competencias y responsabilidades de los poderes públicos. El problema aparece cuando se atribuyen características negativas a un colectivo entero o se responsabiliza a sus integrantes de problemas estructurales con múltiples causas.

La crisis de vivienda, por ejemplo, responde a factores como la insuficiencia de vivienda pública, la concentración de la demanda en determinadas ciudades, la especulación inmobiliaria y los desequilibrios entre oferta y demanda. La inmigración puede influir en la demanda, pero convertirla en la explicación principal supone simplificar una realidad compleja.

Este mecanismo responde a una dinámica habitual de polarización: identificar a un grupo como responsable de los problemas sociales y establecer una división entre quienes supuestamente pertenecen a la comunidad y quienes representan una amenaza para ella.

El lenguaje político y la estigmatización

Uno de los momentos más controvertidos se produjo cuando Abascal defendió la utilización de expresiones como «cazar inmigrantes», pronunciadas anteriormente por el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo. El dirigente justificó aquellas palabras alegando que se habían producido en un contexto de «invasión» en Ceuta.

La elección del lenguaje no es secundaria. No es lo mismo hablar de una crisis migratoria, de una entrada irregular o de presión fronteriza que representar a las personas migrantes como un ejército invasor.

Cuando un colectivo es descrito reiteradamente mediante términos asociados al peligro, la invasión o la inseguridad, existe el riesgo de desplazar el debate desde las políticas públicas hacia la deslegitimación de las personas que lo integran.

Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta esencial evitar que las personas migrantes sean reducidas a una categoría colectiva desprovista de individualidad y dignidad. Las conductas delictivas deben investigarse y perseguirse individualmente, sin trasladar responsabilidades a comunidades enteras.

¿Estamos ante un discurso de odio?

Las declaraciones analizadas permiten identificar elementos de un discurso político estigmatizante y potencialmente xenófobo o machista. No obstante, es imprescindible distinguir entre discurso discriminatorio y delito de odio.

Las Naciones Unidas, en su Estrategia y Plan de Acción para la Lucha contra el Discurso de Odio, identifican como preocupantes las comunicaciones que atacan o emplean un lenguaje peyorativo o discriminatorio contra personas o grupos por motivos relacionados con su identidad, entre ellos el origen nacional o étnico.

En la entrevista pueden identificarse varios elementos que merecen atención:

• Generalización: atribuir a la inmigración la responsabilidad de problemas como la inseguridad o el deterioro económico.

• Estigmatización: vincular reiteradamente a las personas migrantes con la delincuencia.

• Construcción de una amenaza: utilizar expresiones como «invasión» para describir su presencia.

• Instrumentalización de la desigualdad: presentar el machismo como un problema fundamentalmente importado.

Estos mecanismos pueden alimentar prejuicios y sentimientos de hostilidad hacia determinados colectivos, especialmente cuando se reproducen desde espacios de gran visibilidad pública.

Sin embargo, no toda declaración xenófoba, ofensiva o discriminatoria constituye automáticamente un delito de odio. En España, el artículo 510 del Código Penal sanciona determinadas conductas de fomento, promoción o incitación pública al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o grupos por motivos expresamente recogidos en la norma, entre ellos el origen nacional.

Para apreciar responsabilidad penal deben concurrir los elementos específicos exigidos por el tipo delictivo y su interpretación jurisprudencial. Por ello, no sería riguroso afirmar que las declaraciones realizadas durante la entrevista constituyen por sí mismas un delito de odio. Sí resulta legítimo analizar sus elementos discriminatorios y su posible contribución a normalizar actitudes discriminatorias.

Libertad de expresión y responsabilidad política

El artículo 20 de la Constitución Española reconoce el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. Esta protección comprende también las opiniones incómodas, provocadoras o contrarias a las posiciones mayoritarias.

Los representantes políticos tienen derecho a defender políticas migratorias restrictivas, cuestionar leyes o expresar su desacuerdo con las instituciones. Sin embargo, la libertad de expresión no debe interpretarse como una autorización ilimitada para promover la discriminación o la hostilidad contra determinados grupos.

El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos también protege la libertad de expresión, aunque contempla límites legítimos relacionados con la protección de los derechos y libertades de otras personas.

La Recomendación CM/Rec (2022)16 del Consejo de Europa insiste en la importancia de prevenir el discurso de odio, proteger los derechos fundamentales y promover la responsabilidad de los actores públicos.

El debate, por tanto, no debe limitarse a determinar qué expresiones pueden ser perseguidas penalmente. También debe abordar la responsabilidad política y social de quienes utilizan mensajes capaces de reforzar prejuicios y divisiones.

El papel de los medios y la responsabilidad democrática

La participación de Abascal en La Revuelta plantea también una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la difusión del discurso político.

Los espacios de entretenimiento tienen una capacidad de alcance que trasciende el debate político convencional. La presencia de dirigentes en estos formatos permite acercar sus propuestas a públicos que quizá no consumen habitualmente información política.

La cuestión no es si los representantes de determinadas ideologías deben tener acceso a estos espacios. El pluralismo democrático exige que las distintas posiciones puedan expresarse y ser escuchadas. El verdadero desafío consiste en garantizar que esa exposición vaya acompañada de contexto, contraste y capacidad crítica.

Cuando una afirmación incorrecta se reproduce sin suficiente contextualización, existe el riesgo de que termine incorporándose al debate público como si fuera un hecho demostrado. La labor periodística no puede limitarse a reproducir declaraciones: debe contrastarlas y ofrecer a la audiencia herramientas para distinguir entre información, opinión y desinformación.

Conclusión: el debate democrático no puede construirse sobre la deshumanización

La intervención de Santiago Abascal en La Revuelta vuelve a situar en el centro del debate una cuestión fundamental para las democracias contemporáneas: los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de quienes participan en la construcción del discurso público.

Las afirmaciones sobre inmigración, machismo y seguridad no pueden analizarse únicamente como propuestas políticas aisladas. Es necesario examinar el relato que las conecta, los datos que se utilizan para justificarlas y la imagen que proyectan sobre determinados colectivos.

La inmigración no explica por sí sola la crisis de vivienda, la inseguridad ni las dificultades de los servicios públicos. El machismo no es una característica importada de determinadas nacionalidades y la violencia contra las mujeres no puede combatirse mediante generalizaciones que alimenten otras formas de discriminación.

Tampoco toda declaración polémica constituye un delito de odio. Defender esta distinción es tan importante como combatir la discriminación: la libertad de expresión y la protección de la dignidad humana no son objetivos incompatibles, sino principios que deben coexistir en una sociedad democrática.

La democracia no se mide únicamente por la posibilidad de expresar cualquier opinión, sino también por su capacidad para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad.

La libertad de expresión protege el desacuerdo, la crítica y la confrontación política. No debería convertirse en una justificación para normalizar la deshumanización de quienes son diferentes.

Fuentes y referencias

Declaraciones y verificación periodística

• RTVE (9 de noviembre de 2026). Entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta.

• Newtral (10 de noviembre de 2026). Verificación y contextualización de las afirmaciones sobre inmigración, vivienda y prestaciones.

• EL PAÍS (10 de noviembre de 2026). Análisis de las declaraciones sobre violencia de género, inmigración y situación política.

• Europa Press (10 de noviembre de 2026). Información sobre las declaraciones relativas a la expresión «cazar inmigrantes».

Fuentes jurídicas e institucionales

• Constitución Española de 1978, artículos 10 y 20.

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo 510.

• Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 10.

• Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

• Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

• Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadísticas demográficas y Encuesta de Población Activa.

• Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estadísticas sobre violencia de género.

• Naciones Unidas (2019). Estrategia y Plan de Acción para la Lucha contra el Discurso de Odio.

• Consejo de Europa (2022). Recomendación CM/Rec (2022)16 sobre la lucha contra el discurso de odio.

• Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Informes de evaluación científica.